Editorial de GARA denuncia increíble y temeraria acusación fiscal de inducción por entrevista.

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Inducción a la irresponsabilidad

En demasiadas ocasiones da la impresión de que las respuestas, comentarios e interpretaciones que dan determinados cargos institucionales, portavoces políticos e incluso medios de comunicación a las acciones de ETA son un ejercicio de irresponsabilidad, en el que prima la obtención de algún tipo de beneficio propagandístico inmediato sobre el juicio sereno, el análisis en profundidad y la búsqueda de una resolución estable de un conflicto cruento que se prolonga ya desde hace más de treinta años. La incitación de la Fiscalía General del Estado a inculpar a GARA y "Euskaldunon Egunkaria" por «inducción al asesinato terrorista» o el anuncio de Jaime Ignacio del Burgo de que UPN estudia, además de querellarse contra GARA, demandar al alcalde de Leitza por no haber condenado el atentado contra el concejal de la localidad José Javier Múgica, se engloban perfectamente en esta dinámica de agitar el cocktail y dar la impresión de que se toman iniciativas, dinámica que puede servir para contentar a sectores de la opinión pública pero que en nada contribuye a la reconducción del contencioso y carece incluso de cualquier efectividad en la estricta lucha contra ETA.

La querella de la Fiscalía contra dos medios de comunicación por una entrevista con ETA fue un desprósito caundo se presentó ­así lo entendió incluso un juez tan involucrado en la lucha contra ETA y el independenismo vasco como Baltasar Garzón­ y lo es ahora cuando se amplía. Es evidente que concejales y otros cargos públicos de UPN han sido objeto de atentados y ataques antes de que se produjera dicha entrevista y con independencia de ésta. Más bien parece detectarse en altas instancias del Estado una obsesión indisumulada con GARA y una hostilidad manifiesta contra este diario. Lo que, dadas las peculiaridades del Estado español como Estado de Derecho, siempre es motivo de preocupación. Y no cabe duda de que si los tribunales comienzan a enjuiciar la intencionalidad de las preguntas de una entrevista se entrará en un terreno vidrioso en el que, hoy dos cabeceras concretas, pero mañana todos los medios de comunicación, pueden verse afectados por estos recortes sustanciales en la libertad de expresión.

Ante este tipo de iniciativas de instancias judiciales y ante otras declaraciones, no nos cansamos de decir que la preocupación y la energía de los gobernantes y de todos los agentes políticos debe encauzarse hacia la resolución del conflicto, a fin de garantizar a este pueblo y a cada uno de sus ciudadanos el derecho a vivir libremente. Desviar su atención de ahí y perderse en batallas accesorias y desproporcionadas es un ejercicio de irresponsabilidad contra toda la sociedad. *